Los pactos sociales: Moncloa

10.11.2015

 

En determinadas circunstancias y a partir de ciertos acontecimientos históricos se suele plantear la necesidad de renovar los acuerdos sociales, de establecer nuevos pactos, o de actualizar la vigencia de los ya existentes. Entre los antecedentes históricos exitosos de acuerdos sociales, suele invocarse al caso de la España post franquista y los pactos de la Moncloa celebrados en octubre de 1977 durante la transición democrática. Para ser más precisos, estos pactos comenzaron a tratarse en los días 8 y 9 de octubre en el Palacio de la Moncloa, promovidos por el gobierno de Adolfo Suarez y con  la aprobación del rey Juan Carlos.

 

Pero antes de idealizar este acontecimiento convendría realizar una aproximación a las implicancias y efectos reales que produjeron estos acuerdos y/o pactos. Para lo cual resulta necesario elucidar cuáles fueron las condiciones de posibilidades en las que se celebraron, como así también quienes promovieron el acuerdo, quienes participaron efectivamente en las discusiones, sobre qué materias versaron dichos acuerdos; y en relación a estas materias, cuáles fueron los puntos claves que se trataron, qué prioridades se fijaron y quienes las fijaron. Es decir, poder desandar las tramas sobre las cuales se tejieron estos pactos.

 

El primer dato de gran consideración a tener en cuenta es el resultado de la guerra civil (1936 – 1939), en el que la España franquista derrota a la España republicana, instaurando un régimen conservador y de opresión  que se prolongaría hasta la muerte de Francisco Franco (20-11-1975). La muerte del “generalísimo” abre un nuevo tiempo político, este acontecimiento marcará el inicio del proceso de transición democrática. Precisamente, en este momento histórico será el rey Juan Carlos quien asumirá un protagonismo vital para el proceso, monarca que asumió la Corona tras la claudicación de su padre Don Juan Carlos de Borbón y Borbón. Juan Carlos, inmediatamente a la muerte de Franco, anuncia y pone en marcha un conjunto de reformas políticas, con la finalidad de instaurar una monarquía parlamentaria y de restablecer la vida democrática con la plena participación de los partidos políticos. Estas reformas políticas se llevaron a cabo durante el año 1976 bajo el gobierno de Adolfo Suarez (1976-1981), y tuvieron como objetivo lograr el restablecimiento de la libertad de expresión e información, la regulación de los derechos de asociación y reunión, la legalización de todos los partidos políticos, la amnistía de los delitos políticos y de opinión, las elecciones generales libres, y la implementación de un sistema electoral que permitiera la participación y representación  de todas las fuerzas políticas en el parlamento.   

 

Dichas reformas funcionaron como condición de posibilidad para la celebración de las elecciones libres en 1977 -tras cuatro décadas de franquismo-, en las que la Unión del Centro Democrático (UCD) resultó ser la fuerza ganadora con el 34% de los votos. También durante ese mismo año se promulgó la ley que habilitaba la sindicalización empresaria y trabajadora, profundizando de esta manera el proceso de democratización de los derechos sociales y económicos. Pero fueron los Pactos de la Moncloa los que constituyeron el acontecimiento político fundamental para sostener y consolidar el proceso de transición democrática. Entre los puntos centrales a tratar se encontraban:

  1. Un programa de saneamiento y de reforma de la economía.

  2. La definición de un diagnóstico sobre los principales problemas económicos y la aceptación de resolver dichos problemas en el marco de una economía de mercado.

  3. Los costos de las reformas serían afrontados de manera equitativa entre empresarios y trabajadores.

  4. Se establece la situación de “emergencia económica” por un plazo de dos años, en este contexto de excepción se aprueban medidas monetarias, financieras y de empleo a corto plazo.

Estos pactos fueron rubricados el 25 de octubre de 1977 por representantes de los distintos partidos políticos con participación parlamentaria (Enrique Tierno Galván, Santiago Carrillo, José María Triginet, Joan Raventós, Felipe Gonzáles, Juan Ajuriaguerra, Adolfo Suarez, Manuel Fraga Iribarne, Leopoldo Calvo Sotelo y Miguel Roca). A través de estos acuerdos se definieron políticas de Estado con jerarquía constitucional y de carácter permanente, pero no obstante esto y más allá de representar una potente herramienta política constituida mediante las prácticas del diálogo, del consenso, y la negociación, debemos también interpretar a dichos acuerdos como un conjunto de mecanismos y dispositivos que sirvieron para dirimir las confrontaciones que zanjaban la sociedad española desde la guerra civil, sellando de este modo la suerte de los ganadores y los vencidos. En estos pactos las fracciones de centro derecha propugnaba el sostenimiento de una “economía de mercado” mientras que los partidos de izquierda sostenían su pronunciamiento a favor de una “política de bienestar”. De esta manera, se establecían e instituían las nuevas condiciones de gobierno y dominio sobre los derrotados, es decir, los pactos de la Moncloa  constituyeron, en su conjunto, un valioso instrumento, a la vez discursivo y político, que bajo el aura del consenso y la democratización, contribuyeron a consolidar las relaciones de fuerzas resultantes de las confrontaciones entre las distintas fuerzas enfrentadas durante la guerra civil. Proceso político e ideológico en el que el discurso del rey -proferido desde un supuesto lugar de imparcialidad y asumiendo un rol de árbitro-, enmascaraba los rasgos de la confrontación para hacerlo relucir como un acuerdo de partes, equitativo y justo.

 

“Un orden justo, igual para todos, permite reconocer dentro de la unidad del Reino y del Estado, las peculiaridades regionales, como expresión de la diversidad de los pueblos que constituyen la sagrada realidad de España”. “Al servicio de esa gran comunidad que es España, debemos de estar, la Corona, los ejércitos de la nación, los organismos del Estado, el mundo del trabajo, los empresarios, los profesionales, las instituciones privadas y todos los ciudadanos, constituyendo su conjunto un firme entramado de deberes y derechos”.

 

Si bien, las transformaciones iniciadas con las reformas políticas (1976), las elecciones libres, los pactos de la Moncloa (1977) y  la reforma constitucional (1978), permitieron profundizar el proceso de democratización política, la depuración de las FF.AA, y la integración de España a la Comunidad Económica Europea, también es necesario hacer manifiestos sus límites, entre los de mayor consideración se encuentran la impunidad frente a los crímenes de lesa humanidad producidos durante la guerra civil, la emergencia de la crisis política y social como consecuencia del agotamiento del modelo económico de carácter neoliberal, y la reticencia y oposición frente al posicionamiento de autonomía e independencia de determinada regiones del país.

 

 

 

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